Si alguna vez te preguntaste si podés heredar la ciudadanía italiana por el simple hecho de ser descendiente. Pues, entérate que desde el 27 de marzo del 2025 el decreto Tajani cuestiona la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia.
Lo que está en juego no es solo una formalidad, sino el reconocimiento de una pertenencia que atraviesa generaciones.
Comprender cómo se transmite la ciudadanía no se reduce a conocer una ley: es interpretar una visión histórica y cultural que reconoce a los descendientes sin fronteras de tiempo ni espacio.
Como asesor especializado en ciudadanía italiana, quiero acercarte una mirada clara, legalmente fundamentada y actualizada sobre un tema que está generando incertidumbre entre miles de familias italodescendientes.
Hoy verás cómo este Decreto Ley 36/2025 impacta directamente en el reconocimiento de tu derecho, qué dice la legislación vigente y cuál es el rol que juega el principio del ius sanguinis frente a las restricciones propuestas.
Si estás por iniciar tu trámite, entendé por qué ahora más que nunca necesitás estar al día con todo lo referente a este tema.
DECRETO TAJANI CUESTIONA LA HISTORIA LEGISLATIVA DE LA CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA
Desde los primeros cuerpos normativos de la Italia unificada en 1861, el criterio jurídico predominante para determinar la ciudadanía ha sido el ius sanguinis, es decir, el derecho adquirido por descendencia sanguínea.
Este principio se encuentra en el Código Civil de 1865, la Ley N.º 555 de 1912 y la actual Ley N.º 91 de 1992, configurando una línea de continuidad legislativa ininterrumpida que reconoce como ciudadanos italianos a los hijos de ciudadanos italianos, sin importar su lugar de nacimiento.
Durante el siglo XIX, Francia fue uno de los países que más influyó en la elaboración de leyes de nacionalidad en Europa.
En 1804, con la entrada en vigor del Código Civil Napoleónico, se estableció por primera vez un sistema legal coherente sobre la adquisición de la nacionalidad francesa.
El principio que prevaleció fue el ius sanguinis (derecho de sangre), es decir, la nacionalidad se transmitía por filiación, no por el lugar de nacimiento. El artículo 10 del Código Civil establecía:
“Todo niño nacido de un padre francés, incluso nacido en el extranjero, es francés”.
Esto refleja un modelo de nacionalidad hereditaria, en contraposición con el ius soli (derecho del suelo) se refiere al principio de ciudadanía por derecho de nacimiento en el territorio del Estado Italiano.
Italia heredó esa concepción y la incorporó a su ordenamiento, rechazando expresamente la idea de que el nacimiento en territorio nacional (ius soli) fuera determinante.
Cada una de las leyes italianas ha reafirmado este principio. El artículo 4 del Código Civil Italiano de 1865, el artículo 1 de la Ley 555/1912 y el artículo 1, inciso 1 de la Ley 91/1992 declaran inequívocamente que es ciudadano por nacimiento quien es hijo de padre o madre italianos.
Es de aclara que:
La normativa contenida en el Código Civil de 1865 permitía que conservaran la ciudadanía italiana aquellos individuos que hubiesen emigrado antes de la proclamación oficial del Reino de Italia, siempre y cuando su muerte hubiera ocurrido una vez concretada la unificación del Estado.
Ver: ¿Puedo solicitar la ciudadanía italiana si mi avo nació antes de la unificación italiana 1861?
El ius sanguinis no solo es el criterio histórico dominante en Italia, sino que también lo es en la mayoría de los países europeos.
El Decreto Tajani rompe con esta línea de coherencia legislativa al introducir una distinción basada en el lugar de nacimiento, lo que implica un retorno parcial al ius soli, generando un giro en la tradición jurídica italiana y poniendo en duda el fundamento mismo de todo el sistema vigente.
TRANSMISIÓN DE LA CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA Y EL DECRETO TAJANI: ¿sustancial o formal?
El ordenamiento italiano distingue entre dos dimensiones del estatus de ciudadano: la ciudadanía sustancial, que nace por el simple hecho de ser descendiente de un ciudadano italiano.
Y la ciudadanía formal, que es el reconocimiento jurídico por parte del Estado, ya sea mediante inscripción administrativa o por vía judicial.
La jurisprudencia de la Corte di Cassazione ha sido clara: el derecho a la ciudadanía existe desde el nacimiento si se cumple con la condición de descendencia directa.
La inscripción en los registros civiles no otorga el derecho, sino que reconoce jurídicamente un derecho preexistente.
Esta doctrina ha sido ilustrada por analogía con el caso del hijo nacido fuera del matrimonio, no reconocido por sus padres, pero que igualmente tiene derecho a ser reconocido como tal ante la ley.
Del mismo modo, un descendiente de italianos, aunque no esté inscrito en los registros civiles italianos, tiene derecho a que su estatus sea formalmente reconocido.
El Decreto Tajani, al condicionar la transmisión de la ciudadanía a factores como el lugar de nacimiento o el número de generaciones, introduce barreras que alteran el carácter declarativo del reconocimiento.
En la práctica, esto puede convertir un derecho natural en una concesión sujeta a restricciones que contradicen la estructura jurídica previamente consolidada.
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DECRETO TAJANI CUESTIONA LA TRANSMISIÓN FAMILIARISTA DE LA CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA
El modelo italiano de ciudadanía se ha basado históricamente en una lógica familiarista, donde la familia es entendida como el núcleo transmisor del vínculo con el Estado.
La ciudadanía no es concebida como una relación individual y territorial, sino como una condición heredada dentro del seno familiar, sin límites generacionales, siempre que se conserve la línea directa de filiación.
Este concepto tiene dos implicancias jurídicas y políticas profundas.
- Jurídicamente, protege la unidad familiar como principio rector: todos los miembros de una misma familia deben compartir el mismo estatus jurídico si hay un vínculo de filiación.
- Políticamente, se relaciona con la voluntad del Estado italiano de mantener el vínculo con sus emigrantes y sus descendientes, reconociendo el valor estratégico y cultural de la diáspora.
Tanto el Código Civil de 1865 como la Ley n.º 555 de 1912 han protegido el principio de la “unidad familiar de la ciudadanía”, es decir, que todos los miembros de una familia compartan la misma ciudadanía, lo cual también respondía al objetivo de conservar la ciudadanía italiana en contextos de emigración masiva.
La doctrina y jurisprudencia italiana —incluyendo la sentencia N.º 4466/2009 de la Corte Suprema de Casación— han afirmado que el ius sanguinis no tiene un límite generacional ni está condicionado al lugar de nacimiento.
Esta visión ha permitido a millones de descendientes mantener viva la conexión con Italia a lo largo del tiempo.
El Decreto Tajani pretende alterar este equilibrio, al establecer restricciones basadas en el nacimiento en territorio italiano y limitar el derecho sobre todo a los bisnietos y tataranietos nacidos en el extranjero.
Esto genera un nuevo escenario de exclusión: descendientes directos de italianos, con derecho sustancial a la ciudadanía, podrían ser discriminados por razones de pura geografía o por no cumplir con nuevos criterios arbitrarios.
El modelo de ciudadanía deja de ser familiarista para transformarse en territorialista, lo cual representa una ruptura profunda con la tradición constitucional italiana.
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En un contexto donde cada decisión política puede impactar directamente sobre derechos consolidados, el decreto Tajani cuestiona la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia y plantea una posible redefinición del vínculo entre Italia y sus millones de hijos en el exterior.
Esta situación exige atención, preparación y una comprensión profunda del marco jurídico vigente. Si estás por iniciar tu trámite, este es el momento de actuar con criterio y respaldo profesional.
La ciudadanía italiana no es un privilegio que se concede, sino un derecho que se reconoce; y entender los alcances reales de este decreto es clave para protegerlo.
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