Muchos descendientes creen, erróneamente, que solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana equivale a pedirle un favor al Estado Italiano. Nada más alejado de la realidad. La Naturaleza jurídica de la ciudadanía italiana y sus límites ante el decreto Tajani son el eje central del artículo de hoy.
Por tal motivo, quiero que comprendas el porqué tu derecho a ser reconocido como ciudadano italiano no puede ser tratado como una concesión sujeta a voluntad política o a criterios arbitrarios.
La ciudadanía italiana, cuando se transmite por ius sanguinis, nace contigo. No se solicita: se reconoce.
En las siguientes secciones verás cómo la jurisprudencia italiana y europea contempla la ciudadanía desde un ámbito más objetivo y con implicaciones sociales inherentes a ella.
Contrariamente, el nuevo decreto Tajani representa un quiebre en esta tradición jurídica, al introducir criterios que transforman un derecho originario en una solictud condicionada.
En lugar de respetar la lógica del reconocimiento automático cuando existen los requisitos legales, propone evaluaciones subjetivas reinterpretando la ciudadanía como si fuera un privilegio que debe ganarse o justificarse, más que un derecho que se hereda y se respalda jurídicamente.
Si sos descendiente de italianos y pensás iniciar o ya estás transitando el camino hacia tu ciudadanía, estas líneas te darán las claves para hacerlo con argumentos sólidos, respaldo legal y una visión crítica que puede marcar la diferencia.
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA CIUDADANÍA ITALIANA Y LOS RIESGOS DEL DECRETO TAJANI
Para comprender por qué el Decreto Tajani (Ley 36/2026) genera tanta preocupación entre descendientes de italianos en todo el mundo, primero hay que entender qué significa jurídicamente ser ciudadano italiano.
La ciudadanía no es solo un status o un trámite administrativo: es un vínculo legal entre una persona y el Estado italiano, que nace del derecho y está protegido por normas de gran jerarquía.
La Constitución de la República Italiana (1948), si bien no dedica un título específico a la ciudadanía, establece principios fundamentales que influyen en su status legal.
- El Artículo 3 consagra el principio de igualdad ante la ley sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas, condiciones personales y sociales. Este principio fue crucial para la posterior admisión de la transmisión de la ciudadanía por vía materna.
- El Artículo 22 establece que nadie puede ser privado de su ciudadanía por motivos políticos.
Pero la ciudadanía italiana también tiene fuerza más allá de las fronteras del país. A nivel internacional, está respaldada por el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie puede ser despojado de ella arbitrariamente.
Y dentro de la Unión Europea, este estatus cobra aún más valor: cualquier ciudadano de un Estado miembro es automáticamente ciudadano de la Unión, lo que le permite vivir, trabajar y moverse libremente por toda Europa, además de gozar de protecciones legales adicionales (art. 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE).
En concorcardancia, la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo al respecto dispone.
“La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación”.
Por su parte, los tribunales y los expertos en derecho coinciden que la naturaleza de la ciudadanía italiana se trata de:
Una condición jurídica de derecho público con valor constitucional.
Esto significa que ser ciudadano italiano no depende de una decisión política momentánea, sino de una estructura legal consolidada que reconoce a esa persona como parte del pueblo italiano.
¿Hay relación entre la naturaleza jurídica de la ciudadanía italiana y el Decreto Tajani?
Mucha. Recuerda, que el Decreto Ley 36/2025 fue propuesto y aprobado por el Consejo de Ministros de Italia el 28 de marzo de 2025.
Esta normativa introdujo cambios significativos en la normativa de ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis). Además de limitar la transmisión automática de la ciudadanía a hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia, el decreto establece otras disposiciones importantes:
- Fecha límite para solicitudes con la ley anterior:
Las solicitudes presentadas antes del 27 de marzo de 2025 se rigen por la normativa anterior. - Centralización del proceso:
Las nuevas solicitudes serán gestionadas exclusivamente desde Roma, por el Ministerio de Asuntos Exteriores. - Los consulados y municipios ya no reciben nuevas solicitudes:
Solo gestionarán las solicitudes en curso.
Eso choca directamente con los principios fundamentales del derecho italiano y europeo, especialmente con el principio de seguridad jurídica y el de irretroactividad de la ley, que prohíben quitar derechos ya adquiridos o cambiar las reglas a mitad de camino.
NATURALEZA JURÍDICA DE LA CIUDADANÍA Y SUS DERECHOS INVIOLABLES ANTE EL DECRETO TAJANI
Por la dicho en la sección anterior, la ciudadanía italiana ha sido históricamente reconocida como un estatus permanente, imprescriptible y con efectos jurídicos plenos, tanto en el plano nacional como europeo.
Sin embargo, el Decreto de Ley Tajani (36/2025) representa un giro preocupante. Lejos de reafirmar esta tradición garantista, la reforma introduce limitaciones sustanciales al acceso y reconocimiento de la ciudadanía por descendencia, desnaturalizando su esencia jurídica.
A través de nuevos filtros burocráticos y requisitos interpretativos restrictivos, el decreto busca condicionar los siguientes de derechos de los descendientes.
5 derechos básicos del ciudadano italiano:
- El derecho al voto (art. 48 Const.; art. 20 y 22 TFUE) es una manifestación esencial de la ciudadanía. El Decreto Tajani, lejos de facilitarlo, busca restringir su ejercicio imponiendo filtros al reconocimiento ciudadano. Muchos descendientes seguirán excluidos del proceso democrático por criterios arbitrarios.
- La libertad de moverse y residir en la UE (art. 16 Const.; art. 20-21 TFUE) está directamente vinculada al estatus de ciudadano. Con su enfoque limitativo, el Decreto Tajani vulnera este derecho, obstaculizando proyectos migratorios y la reunificación familiar de miles de ítalodescendientes.
- La ciudadanía italiana permite trabajar en Italia y Europa sin permisos (art. 4 y 35 Const.; art. 45 TFUE). Al condicionar el reconocimiento, el Decreto Tajani bloquea este derecho a quienes, por derecho de sangre, deberían ejercerlo sin trabas.
- El acceso a becas y a la educación pública (art. 33 Const.) depende del reconocimiento formal de la ciudadanía. El nuevo decreto pone en riesgo esta igualdad de oportunidades, excluyendo a descendientes con derechos legítimos por criterios meramente burocráticos.
- Las libertades de expresión, asociación y reunión (art. 17 y ss. Const.) están reservadas a los ciudadanos plenos. Si se limita el acceso a la ciudadanía, se restringe también la participación cívica y social. El Decreto Tajani no amplía derechos: los recorta.
La ciudadanía, entendida como un derecho originario que nace con la persona y no se pierde por el paso del tiempo, queda así subordinada a decisiones administrativas y a plazos arbitrarios que vulneran su carácter permanente.
Esta orientación, además de contradecir el principio del ius sanguinis que rige el ordenamiento italiano, se aleja de los compromisos asumidos por Italia en materia de derechos humanos y ciudadanía europea.
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LA HERENCIA DE SER CIUDADANO ITALIANO NO SE NEGOCIA: CONTRADICCIONES DEL DECRETO LEY TAJANI
Negar o condicionar la ciudadanía italiana como si fuera una decisión arbitraria del Estado representa un grave retroceso jurídico.
La ciudadanía italiana, según la doctrina y jurisprudencia consolidada, no es un privilegio otorgado por el Estado ni un trámite que se activa con una solicitud: es una condición jurídica permanente, vinculada a la identidad misma del individuo.
No requiere ser “usada” ni mantenida mediante actos voluntarios, y su validez no se extingue con el tiempo. Es un derecho que pertenece al descendiente desde su origen y solo puede perderse en circunstancias estrictamente definidas por la ley.
Esta visión reconoce que la ciudadanía acompaña al individuo a lo largo de su vida, aun cuando este resida fuera de Italia.
El vínculo no se debilita por la distancia ni por la falta de documentos: lo que importa es la existencia del derecho, no su ejercicio.
La posibilidad de adquirir, perder o recuperar la ciudadanía está regulada, pero siempre bajo la premisa de que se trata de un estatus esencial, imprescriptible y no disponible a voluntad del Estado.
En este marco, las propuestas contenidas en el Decreto Tajani, que condicionan el reconocimiento de la ciudadanía a pruebas de “vínculo” o a comportamientos activos del solicitante o sus antepasados, contradicen los principios fundamentales del ordenamiento italiano.
Limitar un derecho basado en el origen por la inactividad o el desconocimiento sería introducir una lógica restrictiva que desnaturaliza el valor jurídico, histórico y humano de la ciudadanía italiana.
Desde mi perspectiva
Solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana no equivale a pedir una concesión caprichosa ni a suplicar un privilegio otorgado por benevolencia estatal.
El descendiente de italianos no está “pidiendo ser ciudadano”: está exigiendo el reconocimiento formal de un derecho preexistente, originado por el vínculo de sangre y respaldado por el ordenamiento jurídico italiano.
Tratar este derecho como si dependiera de la voluntad política o de criterios subjetivos del Estado —como propone el Decreto Ley Tajani— no solo desconoce principios fundamentales del derecho constitucional y civil italiano, sino que vulnera la dignidad jurídica de millones de personas con legítimo linaje italiano.
La ciudadanía no se “otorga”; se reconoce cuando existen los elementos jurídicos que la sustentan, y cualquier intento de reinterpretarla como una concesión revocable socava las bases del Estado de Derecho.
La naturaleza de la nacionalidad italiana y sus límites ante el decreto Tajani, es un giro drástico en el enfoque del Estado, estar acompañado por un profesional con experiencia específica en ciudadanía italiana no es un lujo, sino una necesidad estratégica.
La diferencia entre ejercer tu derecho o quedar excluido por tecnicismos legales puede depender de una sola decisión bien asesorada.
En un escenario cada vez más restrictivo, anticiparse y actuar con fundamentos sólidos es clave. Si este nuevo decreto amenaza tu posibilidad de ser reconocido como ciudadano italiano, estamos preparados para ayudarte.
Fuentes:
- Constitución República Italiana 1947. Senado de la Reública.
- Declaración de los derechos Humanos. Art. 15
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