¿Perdiste la ciudadanía como descendiente? Una pregunta que remueve miedos profundos: el miedo a la exclusión, a la pérdida de identidad, al olvido de tus raíces. Hoy te hablaré de la pérdida automática de ciudadanía italiana con el Decreto Tajani: el fin de un derecho adquirido por sangre.
Sé que es un tema que parece irreal, casi absurdo… como si alguien te dijera que te despertaste en un mundo donde tu historia familiar ya no cuenta, donde el lazo de sangre con tus ancestros italianos ha sido arrancado de golpe y deshecho de un solo tajo.
Es la pesadilla del tataranieto o bisnieto de italianos que hizo todo bien, que juntó actas, que invirtió tiempo, que soñó con caminar por Roma con su pasaporte rojo granate… y de pronto, todo se desvanece. Porque sin previo aviso, una ley nueva decide que ya no sos parte. Que ya no contás. Que ya no tenés derecho.
Este análisis no solo expone la escencia del decreto, sino que también te ofrece una mirada clara y profunda sobre lo que está en juego: la posible pérdida del reconocimiento de tu ciudadanía sin tu consentimiento.
El Decreto ley 36/2025 desafía principios constitucionales italianos, contradice el derecho europeo y pone en riesgo la seguridad jurídica de quienes, como vos, buscan ejercer un derecho legítimo transmitido por generaciones.
También analizaremos su impacto sobre la ciudadanía europea, los estándares internacionales de derechos humanos y el principio de ius sanguinis. Esta información sin duda te interesará.
DECRETO TAJANI E IMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA CIUDADANÍA ITALIANA
En el derecho italiano, la ciudadanía no es un simple trámite ni algo que se pierde con el tiempo por desuso.
Según lo que han dicho consistentemente los jueces durante las últimas décadas, ser ciudadano italiano es una parte esencial de la identidad de una persona, y por eso no tiene fecha de vencimiento ni se borra con el paso de los años.
¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque la ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis) no se concede como un favor o una concesión especial.
Se nace con ella, siempre que uno tenga un ancestro italiano y se cumplan ciertas condiciones legales. Es como heredar algo valioso desde el primer día de vida. Ahora bien, hay una diferencia clave que conviene explicar:
Dos aspectos claves:
- La ciudadanía “de fondo” (o sustancial) es la que se tiene desde el nacimiento si se desciende de un italiano.
- Pero el reconocimiento oficial (lo que se llama ciudadanía formal) puede llegar más tarde, cuando uno presenta los documentos y hace el trámite para que el Estado italiano lo reconozca oficialmente. Profundizar:
Esta aclaración es fundamental para comprender otro aspecto: la pérdida de la ciudadanía italiana.
Es un tema delicado, porque perderla significa dejar de tener un derecho que acompaña a la persona desde su origen. Por eso, el ordenamiento jurídico italiano es muy estricto a la hora de considerar cuándo y cómo podría perderse este derecho.
Es entonces, que el Decreto Tajani 36/2025 marca un giro preocupante, ya que transforma un derecho adquirido por nacimiento —y protegido históricamente como parte esencial de la identidad personal— en un estatus condicionado a nuevas reglas más restrictivas.
En la práctica, este decreto podría significar el fin de la ciudadanía originaria para miles de descendientes, desdibujando el principio constitucional de que la ciudadanía por ius sanguinis es permanente, no caduca y no debería ser revocada arbitrariamente.
FORMAS AUTOMÁTICAS DE PERDER LA CIUDADANÍA ITALIANA
Aunque cada país tiene libertad para decidir cómo se adquiere su ciudadanía, no puede hacer lo que quiera cuando se trata de quitarla.
La ley italiana establece que la ciudadanía ya reconocida no se puede perder sin razones muy claras y justificadas, porque eso afectaría derechos fundamentales de las personas.
En otras palabras, una vez que sos ciudadano italiano, tenés derecho a que esa condición esté protegida, y que no te la quiten por decisiones arbitrarias o abusos de poder.
Entonces, cuando se habla de “pérdida de ciudadanía”, no siempre se trata del mismo caso. Hay situaciones en las que una persona decide voluntariamente dejar de ser ciudadana italiana —por ejemplo, si pide renunciar porque adquiere otra ciudadanía y ya no quiere mantener la italiana—. A eso se lo llama pérdida voluntaria.
Pero también hay casos más delicados, donde la persona pierde la ciudadanía sin haberlo pedido, simplemente porque lo establece la ley o una decisión del Estado.
Eso se llama pérdida involuntaria, y es mucho más polémica porque puede afectar derechos adquiridos sin que la persona haya hecho nada para perderlos.
Además, existen dos formas en que puede darse esta pérdida:
- A nivel individual, cuando se aplica a una sola persona por situaciones personales.
- O a nivel colectivo, cuando se aplica a todo un grupo, por ejemplo, por cambios territoriales o decisiones políticas que afectan a muchas personas a la vez.
Entre los motivos que pueden llevar a perder la ciudadanía están: vivir muchos años fuera de Italia sin vínculos claros, trabajar para gobiernos extranjeros, prestar servicio militar en otro país, cambio de ciudadanía de los padres, cambiar de ciudadanía por matrimonio, o incluso como sanción en casos graves.
Todo esto muestra que la pérdida de la ciudadanía no siempre depende de uno mismo y que el tema tiene muchas aristas.
Por eso, propuestas como el Decreto Tajani, que podrían hacer que descendientes pierdan o no puedan obtener la ciudadanía sin haber hecho nada malo, generan tanta preocupación entre las familias italianas en el exterior.
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BASES LEGALES DE LA PÉRDIDA DE LA CIUDADANÍA ITALIANA Y LOS RIESGOS DEL DECRETO TAJANI
Desde una perspectiva jurídica, la pérdida de la ciudadanía italiana ha estado históricamente regulada por principios que buscan proteger el vínculo cívico entre la persona y el Estado, y evitar que dicho vínculo se rompa de forma arbitraria o contraria a la voluntad del individuo.
En sus orígenes, el Código Civil de 1865 (art. 11) y la Ley n.º 555 de 1912 (art. 8) preveían la pérdida automática de la ciudadanía italiana en caso de naturalización en un Estado extranjero.
Es decir, si un ciudadano italiano adquiría voluntariamente otra nacionalidad, perdía ipso iure “Ipso iure” en latin significa “por el derecho mismo” o “en virtud del derecho” su ciudadanía de origen.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley n.º 91/1992, el ordenamiento italiano dio un giro fundamental. El actual artículo 11 establece que la adquisición de una ciudadanía extranjera no implica, por sí misma, la pérdida de la ciudadanía italiana.
Esta solo se produce si concurren tres condiciones:
- El ciudadano tiene otra nacionalidad;
- Tiene residencia efectiva fuera de Italia; y
- Manifiesta expresamente su voluntad de renunciar a la ciudadanía italiana.
Además, el artículo 10-bis de la misma ley regula la privación de la ciudadanía como sanción, aplicable únicamente en casos excepcionales, como actos contrarios a la seguridad del Estado. Esta disposición está sujeta a severos límites constitucionales y requiere un procedimiento individualizado.
PÉRDIDA COLECTIVA DE CIUDADANÍA ITALIANA CON EL DECRETO TAJANI
La pérdida colectiva de la ciudadanía, es decir, la cesación automática que afecta a grupos enteros de personas sin intervención individual, ha sido históricamente rechazada por el derecho italiano e internacional.
Este tipo de desnacionalización, común en regímenes autoritarios como el fascismo, el nazismo o el estalinismo, ha sido condenada por la comunidad internacional por su carácter discriminatorio, injusto y violador de derechos humanos fundamentales.
A lo largo del siglo XX, distintas legislaciones sirvieron para quitarle la ciudadanía a minorías por motivos políticos, ideológicos o étnicos, afectando a millones de personas sin juicio previo ni defensa posible.
Italia, en particular, ha dejado claro desde la sentencia n.º 87 de 1975 del Tribunal Constitucional que la ciudadanía no puede extinguirse sin la voluntad consciente del titular, y que cualquier norma que establezca su pérdida automática resulta inconstitucional.
En este contexto, el Decreto Ley 36/2025 ha generado una fuerte preocupación entre juristas y descendientes de italianos, ya que introduce criterios más estrictos para el reconocimiento de la ciudadanía por descendencia.
Aunque no plantea explícitamente la pérdida del estatus ciudadano, en la práctica puede provocar la exclusión automática de miles de personas con derecho de sangre (ius sanguinis) que aún no han concluido el trámite formal.
Desde una perspectiva constitucional, esto resulta profundamente problemático, pues implicaría negar o suprimir un derecho adquirido sin mediar renuncia expresa ni conducta que justifique tal sanción.
En esencia, se trataría de una forma moderna de desnacionalización colectiva, encubierta bajo una supuesta reorganización administrativa.
Por tanto, si el Estado italiano impone nuevas condiciones restrictivas que excluyen a quienes nacieron con derecho a la ciudadanía —aunque nunca hayan renunciado a ella ni infringido ninguna norma—, se estaría violando uno de los principios más firmes del ordenamiento jurídico italiano: que la ciudadanía es un vínculo personal, permanente y no puede ser eliminada automáticamente.
El derecho italiano protege este estatus como una expresión de identidad y continuidad familiar, y cualquier intento de limitarlo sin participación del individuo debe analizarse con extrema cautela.
Reformas como el Decreto Tajani reavivan una amenaza que creíamos superada: la posibilidad de perder la ciudadanía por decisiones generales del Estado, sin ser escuchado, sin defensa, sin aviso.
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En el marco del derecho italiano vigente y de los principios constitucionales que lo rigen, no es legalmente aceptable que una persona pierda su ciudadanía de manera automática, sin haberlo querido o sin haber sido notificada y escuchada.
Esto lo establecen no solo los tribunales italianos, sino también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y organismos internacionales de derechos humanos.
¿Por qué el Decreto Ley 36/2025 impuesto por Tajani no puede traspasar los límites?
El Decreto Tajani (Decreto Ley 36/2025) busca restringir el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia estableciendo nuevos criterios más estrictos.
Sin embargo, hay límites legales y constitucionales que este decreto no puede cruzar, porque están protegidos por principios fundamentales del derecho italiano, europeo e internacional.
🔒 1. La Constitución italiana lo impide
El artículo 22 de la Constitución Italiana dice con claridad:
“Nadie puede ser privado de su ciudadanía por razones políticas.”
Esto significa que la ciudadanía no puede quitarse por un cambio de criterio o por una decisión unilateral del Estado, especialmente si la persona no ha hecho nada para perderla. El vínculo de ciudadanía es estable, duradero y personal.
⚖️ 2. La ciudadanía no puede perderse automáticamente
Desde hace décadas, el Tribunal Constitucional italiano ha dicho que toda pérdida de ciudadanía debe basarse en una decisión consciente y voluntaria de la persona.
No puede ser consecuencia de cambios retroactivos en la ley, ni de condiciones nuevas que no existían cuando nació ese derecho.
🇪🇺 3. El derecho de la Unipon Europea no acepta la pérdida de la ciudadanía de manera arbitraria
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la pérdida de la ciudadanía de un Estado miembro no puede ser automática ni desproporcionada.
En la sentencia de 2023 (C-689/21) se dejó claro que toda persona debe ser notificada, escuchada y tener derecho a defender su ciudadanía antes de perderla. Esto protege derechos como:
- La vida familiar (art. 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE)
- El interés superior del menor (art. 24)
- Y la ciudadanía europea en sí misma (art. 20 del TFUE)
🌍 4. El Derecho internacional impone límites ante esta situación
La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 15.2) y el Convenio Europeo sobre la Nacionalidad prohíben expresamente la desnacionalización arbitraria.
Además, la Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado a países que quitan la ciudadanía sin causa justa ni procedimiento legal adecuado.
En un contexto donde las garantías jurídicas deberían fortalecerse, resulta alarmante que medidas como las planteadas en pérdida automática de ciudadanía italiana con el decreto Tajani: el fin de un derecho adquirido por sangre amenacen con debilitar un derecho que, por su naturaleza, debería ser intocable.
Hoy se ponde de evidencia, cómo dicha propuesta no solo contradice la Constitución italiana y el derecho de la Unión Europea, sino que además pone en jaque la estabilidad jurídica de millones de descendientes de italianos que, con legítima expectativa, buscan el reconocimiento de su ciudadanía.
Es crucial que quienes estén tramitando su ciudadanía estén al tanto de estos cambios y comprendan sus implicancias antes de iniciar cualquier gestión.
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