Si estás en pleno proceso para obtener tu reconocimiento como ciudadano italiano, una reciente sentencia marca un antes y un después que deberías conocer.
Hoy te explico, cómo el tribunal italiano de la provincia de Verona, específicamente un Tribunal ordinario en la región del Véneto ha decidido sancionar económicamente a una comuna (municipio) por negarse o demorarse en la transcripción de los actos de reconocimiento de quienes ya tienen una sentencia favorable.
Aquí analizaremos por qué esta decisión representa una victoria para los ítalo-descendientes, cómo funciona la multa diaria impuesta por la justicia, qué pasos seguir si tu expediente está bloqueado y cuándo conviene recurrir a la vía judicial.
Como asesor en ciudadanía italiana por descendencia, deseo que entiendas el alcance real de este fallo y sepas cómo proteger tu derecho, transformando la burocracia en una oportunidad para lograr tu pasaporte italiano.
POR NO REALIZAR LA TRANSCRIPCIÓN DE LA CIUDADANÍA ITALIANA TRIBUNAL CASTIGA A COMUNA: conoce el caso
Visualizá la escena: después de meses —o incluso años— de esfuerzo, traducciones, apostillas y revisiones, por fin llega la sentencia que confirma lo que siempre supiste: sos ciudadano italiano por derecho de sangre.
Respirás aliviado, pensás que el proceso terminó… pero te encontrás con un obstáculo inesperado: el comune (municipio italiano) donde deben inscribirse tus actas simplemente no hace nada.
No responde correos, no ejecuta la orden judicial, no da señales. Tu sueño de tener el pasaporte italiano se congela por culpa de un escritorio en silencio.
Eso fue exactamente lo que vivieron tres descendientes en el municipio de Castagnaro, en la región del Véneto, hasta que la justicia italiana decidió intervenir de forma ejemplar.
El 29 de octubre de 2025, la jueza Cristina Pezzini, del Tribunal de Verona, dictó una sentencia histórica: el comune debía cumplir la orden judicial.
Los abogados que llevaron el caso explicaron paso a paso cómo se llegó a esa victoria. Un proceso largo, sí, pero lleno de estrategia, constancia y, sobre todo, fe en la justicia italiana.
El paso a paso de la estrategia legal:
1️⃣ Comunicación y espera: el primer paso de la paciencia
Todo comenzó con lo más simple: un correo cordial al comune, solicitando la transcripción de los actos civiles. Pasaron los días, luego los meses… y el silencio se volvió una respuesta. Aun así, se mantuvo la calma.
En Italia, los tiempos administrativos pueden ser eternos, pero cada intento de comunicación suma como prueba futura.
2️⃣ La diffida: cuando la cortesía deja paso a la formalidad
Al ver que la espera se prolongaba, los abogados enviaron una intimación formal, conocida como diffida. Este documento legal exige oficialmente al municipio que cumpla con su obligación.
Se esperaron otros tres o cuatro meses, pero el resultado fue el mismo: ninguna reacción. El comune seguía mudo.
3️⃣ El proceso judicial: cuando la justicia entra en escena
Ante tanta inacción, los abogados activaron el artículo 95 del Decreto Presidencial 396/2000, una norma que permite acudir a los tribunales cuando un funcionario civil se niega a realizar un acto del registro.
El caso llegó al Tribunal de Verona, que ordenó a la comuna proceder con la transcripción.
Pero, para sorpresa de todos, el comune ni siquiera se presentó al juicio. Actuó en rebeldía, como si la orden judicial no existiera.
4️⃣ El punto de inflexión: la multa diaria que cambió todo
Fue entonces cuando se inició un proceso de ejecución por obligación de hacer (obbligo di fare). El tribunal, cansado de la desobediencia, emitió una decisión inédita:
“La comuna deberá realizar las transcripciones en un plazo de 15 días. Si no lo hace, pagará 100 euros por cada día de retraso.”
Esa multa, conocida como astreinte, no es simbólica. Va directamente a los ciudadanos afectados, como compensación por la espera injustificada y los costos del proceso. Un verdadero giro histórico: la justicia italiana decidió poner precio al tiempo perdido.
Punto firme
Uno de los abogados que siguió el caso lo explicó con una claridad que lo dice todo: “Esta medida no solo castiga, también obliga a actuar.”
La multa diaria —incorporada al sistema judicial italiano en 2022— nunca se había usado en temas de ciudadanía, y por eso este fallo marca un antes y un después.
Más que una sanción, es una forma de presionar psicológica y económicamente a las administraciones que se niegan a cumplir su deber.
Y el mensaje del tribunal fue contundente: si el comune vuelve a ignorar la orden, un oficial judicial podrá reemplazar al funcionario y realizar la transcripción en su lugar.
En otras palabras, la justicia italiana dejó claro que ya no hay espacio para la desobediencia: si no lo hacen ellos, lo hará la ley
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El problema de fondo: un sistema que se quedó atrapado en el tiempo
Te cuento una escena real: entrar a una oficina municipal italiana donde el tiempo parece haberse detenido.
En lugar de sistemas digitales, ves estanterías repletas de carpetas, sellos y papeles amarillentos.
Un funcionario, solo, frente a una computadora vieja, con una traducción colgada a un lado, teclea letra por letra cada dato de un acta extranjera.
Esa escena —real y cotidiana— refleja el corazón del problema que enfrentan miles de ítalo-descendientes: un sistema burocrático que avanza con la velocidad de otra época.
Mientras otros países europeos como Portugal y España modernizaron sus registros, Italia sigue anclada a un método manual, minucioso y agotador.
Cada transcripción puede llevar horas, y cada error significa empezar de nuevo.
Así, los derechos de los descendientes en algunos casos quedan atrapados entre papeles, sellos y demoras infinitas.
Y aunque este sistema arcaico parece imposible de cambiar, no hay excusa legal para la inacción. Tan lento que muchos lo llaman “la cosa más absurda que existe”. Y no exageran. Una sola transcripción puede tomar horas.
Desde la perspectiva legal
La Constitución italiana, en su artículo 97, exige que la administración sea eficiente e imparcial. Por eso, cuando los municipios no cumplen, la justicia tiene la obligación de intervenir.
Porque la ciudadanía italiana no debería depender del ánimo ni del tiempo de un funcionario. Es un derecho que trasciende la burocracia, y cada sentencia que lo defiende es una chispa más que intenta encender un sistema que hace demasiado vive apagado.
Lo que ocurrió en Verona no fue un hecho aislado… fue una sacudida dentro de un sistema dormido.
Italia cuenta con casi 8.000 comunas, cada una responsable de registrar los actos civiles de sus ciudadanos.
Esta enorme fragmentación administrativa hace que el sistema sea desigual y lento, ya que muchos municipios pequeños carecen de personal y medios tecnológicos.
Mientras algunas ciudades avanzan con rapidez, otras se paralizan durante meses, afectando directamente a los descendientes de italianos que esperan la transcripción de su ciudadanía.
En este contexto, la falta de uniformidad convierte un derecho en una carrera de resistencia.
El recurso legal aplicado
Esta vez, la justicia italiana dijo “basta”. Aplicó un recurso legal poco común —la astreinte.
La astreinte es una multa diaria que un juez impone para obligar a una persona o institución a cumplir una orden judicial.
En otras palabras, cada día de incumplimiento tiene un costo económico, lo que busca presionar al responsable para que actúe y ejecute lo ordenado sin más demoras.
Un método nacido en Francia que, por primera vez, pone precio al silencio administrativo.
Cada día de retraso cuesta. Y ese dinero no va al Estado… va al ciudadano que esperó pacientemente lo que por derecho le pertenece.
Este fallo no solo resolvió un caso; encendió una chispa. Una señal de que, por fin, el derecho a la ciudadanía italiana puede empezar a vencer a la burocracia que lo frena.
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Aunque el fallo del Tribunal de Verona es puramente legal, su impacto va mucho más allá de los tribunales.
En Italia, una corriente política y mediática conocida como la campaña “antioriundi” —del italiano oriundi, que significa “descendientes de italianos nacidos fuera del país”— está ganando fuerza.
Esta tendencia critica abiertamente a los ítalo-descendientes que buscan el reconocimiento de su ciudadanía, presentándolos en los medios como “extranjeros que presionan al sistema italiano”.
El problema, advierten las asociaciones, es que esta narrativa busca distorsionar el debate, convirtiendo un derecho legítimo en un conflicto político.
Mientras los verdaderos italianos por sangre esperan justicia, ciertos sectores intentan usar estos casos para justificar reformas restrictivas, como el polémico “Decreto de la Vergüenza” (Ley 36/2025), que limita y vuelve retroactiva la ciudadanía ius sanguinis.
Los juristas confían en que en poco tiempo más la Corte Constitucional sabrá defender los principios de legalidad e irretroactividad.
CONSECUENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS DESCENDIENTES DE ITALIANOS TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Esta sentencia no solo representa una victoria legal, sino también una herramienta poderosa para quienes tienen su ciudadanía detenida en un comune.
Pero, como toda herramienta, hay que usarla con cuidado. No se trata de salir corriendo a demandar, sino de entender que la vía judicial es la última carta sobre la mesa, no la primera.
Como explicó uno de los abogados del caso: “Usar el remedio de forma abrupta puede causar una nueva enfermedad.” Por eso, antes de acudir a los tribunales, lo ideal es agotar todas las vías de diálogo con el municipio.
Si estás en esa situación, tomá en cuenta tres recomendaciones clave:
- 🤝 Elegí un abogado de confianza. Dejá que él lidie con el comune y evitá enviar mensajes por tu cuenta. Duplicar gestiones puede confundir y frenar el proceso.
- ⏳ Tené paciencia. En Italia, la justicia avanza, pero despacio. Un caso como este puede llevar meses o incluso años.
- 📄 No todos los municipios son iguales. Algunos comunican y transcriben rápido; otros se demoran sin razón aparente.
Respecto a la multa de 100 euros diarios, los juristas coinciden: su efecto será claramente disuasorio. Ningún municipio quiere pagar por su propio retraso.
En muchos casos, esta medida bastará para que las transcripciones se realicen sin más demoras.
Porque, al final, no se trata de castigar, sino de recordar a la administración que detrás de cada acta hay una historia familiar que merece ser reconocida.
Desde mi perspectiva: hay una luz en el laberinto burocrático
Durante años, muchos ítalo-descendientes se sintieron atrapados en un laberinto sin salida.
Actas traducidas, correos sin respuesta, trámites que parecían no avanzar jamás. Pero un día, desde Verona, llegó una señal diferente: la justicia italiana también puede abrir puertas.
El fallo contra el comune que se negó a transcribir ciudadanías fue más que una sanción; fue una historia de dignidad recuperada.
Por primera vez, un juez puso precio al silencio burocrático y recordó que la ineficiencia también tiene consecuencias.
Cada día de demora dejó de ser invisible, cada obstáculo administrativo empezó a tener un responsable.
Sin embargo, esta victoria no borra el problema de fondo: Italia necesita modernizar su sistema, dejar atrás los registros en papel y la lentitud que desespera a quienes solo buscan ejercer un derecho legítimo.
Mientras la Corte Constitucional se prepara para decidir el futuro de la ciudadanía italiana, este caso deja una lección clara: la sangre no prescribe, y el derecho tampoco.
Porque, al final, cada sentencia como esta es una pequeña llama en medio del laberinto… y cada vez son más las luces que empiezan a encenderse.
La reciente sentencia del Tribunal de Verona relatada en Tribunal castiga a comuna por no transcribir la ciudadanía italiana marca un antes y un después para los descendientes de italianos en todo el mundo.
Este fallo demuestra que la justicia puede convertirse en aliada cuando la administración pública no cumple con su deber, recordando a los municipios que la inercia ya tiene un precio y que el derecho a la ciudadanía italiana no se detiene ante la burocracia.
Es, sin duda, una luz en medio del laberinto administrativo que tantos enfrentan al buscar el reconocimiento de su historia familiar.
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