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NUEVAS RESTRICCIONES A LA CIUDADANÍA ITALIANA: DDL 1450/2025

NUEVAS RESTRICCIONES A LA CIUDADANÍA ITALIANA: DDL 1450/2025

El Decreto Tajani abrió un camino lleno de obstáculos y hoy, como un monstruo de múltiples tentáculos, extiende un nuevo proyecto. Esta propuesta se presenta como la continuación natural de aquella normativa nro. 36 y es precisamente lo que da sentido a las nuevas restricciones a la ciudadanía italiana: DDL 1450/2025.

No se trata de un hecho aislado, sino de una pieza más en una estrategia que, poco a poco, va estrechando los márgenes de acceso a la ciudadanía por descendencia y matrimonio con más trabas y límitaciones.

Es así, que este proyecto se convierte en la muestra más reciente de cómo ese “monstruo jurídico” avanza, sumando barreras que pretende transformar un derecho histórico en un camino cada vez más complejo para millones de descendientes de italianos en todo el mundo.

Quedate leyendo este artículo, porque acá te explico de qué viene este nuevo espectáculo legal. Este monstruo de los mil tentáculos, que cada vez inventa una forma distinta de apretar el derecho a la ciudadanía italiana.

Pero, recuerda que en este escenario, la preparación y la estrategia dejan de ser opcionales: son la única manera de no quedar fuera de la historia que también te pertenece.

Tabla de contenidos:

CIUDADANÍA ITALIANA BAJO NUEVAS RESTRICCIONES DEL DDL 1450/2025

CIUDADANÍA ITALIANA BAJO NUEVAS RESTRICCIONES DEL DDL 1450/2025

Antes de profundizar en el tema es conveniente aclarar que DDL significa “Disegno di Legge” en italiano, que en español se traduce como “proyecto de ley”.

🔹 En la práctica parlamentaria italiana, un DDL es una propuesta normativa presentada al Parlamento (Senado o Cámara de Diputados) que todavía no es ley, sino que debe ser debatida, eventualmente modificada y aprobada para convertirse en una norma vigente.

🔹 Cada DDL recibe un número identificador (por ejemplo, DDL 1450/2025) que indica su orden de presentación y el año legislativo correspondiente.

El proyecto de ley 1450/2025, fue presentado el 8 abril de 2025 y su debate parlamentario dará inicio en septiembre, momento en el cual comenzará el análisis formal de la propuesta.

Firmado por el ministro Antonio Tajani, el documento adquiere un carácter oficial y refleja una vez más la posición del Gobierno en torno a la reforma de la ciudadanía italiana.

Su rúbrica no solo le otorga validez institucional, sino que también lo vincula directamente con la política exterior y con la visión del Ejecutivo respecto al vínculo entre Italia y sus descendientes en el extranjero.

Su objetivo central es “redefinir los criterios bajo los cuales se reconoce la pertenencia a la comunidad nacional, introduciendo un marco más estructurado y coherente con la visión política expresada por el Decreto-Ley 36/2025 (conocido como Decreto Tajani)“.

Esta propuesta no solo actualiza la legislación vigente, sino que también busca establecer una relación más directa entre el reconocimiento de la ciudadanía y el ejercicio de un vínculo concreto con Italia, otorgándole un carácter más dinámico y adaptado al contexto contemporáneo.

En este sentido, el DDL 1450/2025 pretende consolidar una normativa que conecte el derecho a la ciudadanía con una noción más activa de identidad, presencia y participación en la vida italiana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.



5 NUEVAS RESTRICCIONES QUE IMPONE EL PROYECTO DE LEY 1450/2025 EN MATERIA DE CIUDADANÍA ITALIANA


1. Imposición de plazos administrativos más rígidos en la solicitud de la ciudadanía italiana por descendencia

Imposición de plazos administrativos más rígidos en la solicitud de la ciudadanía italiana por descendencia

Una de las novedades más llamativas del DDL 1450/2025 es la introducción de plazos máximos obligatorios para que la administración pública italiana resuelva los trámites relacionados con la ciudadanía.

Hasta ahora, la normativa dejaba estos tiempos en una suerte de “vacío administrativo”: los expedientes podían permanecer abiertos durante años sin un límite claro, generando situaciones de incertidumbre y acumulación de retrasos tanto en consulados como en oficinas municipales en Italia.

Con el nuevo esquema, el proyecto establece:

  • 48 meses (4 años) como límite máximo para que se resuelvan los expedientes de ciudadanía por descendencia (ius sanguinis).
  • 12 meses para la ejecución de sentencias judiciales firmes en las que se reconozca la ciudadanía.
  • 12 meses para que los municipios transcriban en sus registros los certificados de estado civil presentados por los solicitantes.

🎯El objetivo declarado

La justificación oficial de esta reforma es la de “agilizar y ordenar” los procedimientos, garantizando un plazo cierto para los solicitantes y evitando los retrasos históricos que han caracterizado a la tramitación consular.

En la práctica, la norma pretende transmitir una imagen de mayor eficiencia administrativa y de respeto al principio de celeridad procesal.


⚠️ DDL 1450/2025: riesgos reales

Sin embargo, al fijar plazos estrictos, la norma también abre la puerta a una serie de consecuencias problemáticas:

  1. Cierre anticipado de expedientes: si por razones burocráticas (demoras en la obtención de documentos, saturación consular, errores administrativos) no se cumplen los tiempos, los expedientes podrían cerrarse automáticamente, dejando al solicitante en una situación de indefensión.
  2. Mayor presión sobre el interesado: en lugar de aliviar la carga, la reforma traslada la responsabilidad al descendiente, quien deberá presentar todo en forma impecable y en plazos mucho más ajustados.
  3. Contradicción práctica: aunque se fija un límite de 48 meses, en muchos consulados los tiempos actuales ya superan ese margen. Esto plantea la incógnita de si el sistema está realmente en condiciones de cumplir con la exigencia o si se trata, más bien de un mecanismo de exclusión encubierto para ralentizar el proceso “legalmente”.
  4. Tensión judicial-administrativa: al pretender imponer un plazo de 12 meses para ejecutar sentencias judiciales, se corre el riesgo de choques entre el poder judicial (que reconoce derechos) y la administración (que debe aplicarlos).

El gran desafío será comprobar si estas medidas efectivamente logran reducir la burocracia o si, en la práctica como seguramente terminará siendo, terminarà siendo un nuevo obstáculo que complique el camino de los descendientes de italianos hacia el reconocimiento de su ciudadanía.


2. Restricción de uso de testigos o juramentos en los tribunales para los procesos de ciudadanía italiana por descendencia

 Restricción de uso de testigos o juramentos en los tribunales para los procesos de ciudadanía italiana por descendencia

La prohibición del uso de testigos o juramentos en los procesos de reconocimiento de ciudadanía constituye una de las restricciones más sensibles del proyecto de ley 1450/2025.

Hasta ahora, este recurso era fundamental en aquellos casos donde la documentación original había desaparecido por guerras, incendios, migraciones o deficiencias en los registros civiles y eclesiásticos, una situación frecuente en las comunidades italianas en el exterior.

Con la reforma, únicamente se admitirán pruebas documentales oficiales, lo que reduce drásticamente las posibilidades de quienes necesitan demostrar su línea genealógica mediante testimonios alternativos. En consecuencia:

  • Cierre de la puerta a la flexibilidad probatoria: familias que dependían de testigos para demostrar la existencia de un matrimonio o el nacimiento de un ancestro ya no podrán sostener su derecho en tribunales.
  • Inseguridad jurídica para los descendientes: en países de fuerte emigración italiana, como Argentina, Brasil o Venezuela, muchos registros se encuentran incompletos o deteriorados, lo que hará inviable para algunas familias reconstruir las líneas genealógicas sin mecanismos alternativos de prueba.
  • Mayor rigidez en los juicios: se impone un modelo probatorio estrictamente documental, lo que convierte en inaccesibles algunos casos que, hasta ahora, encontraban solución a través de la vía judicial.

3. Pérdida de la ciudadanía italiana por ausencia de vínculos efectivos

3. Pérdida de la ciudadanía italiana por ausencia de vínculos efectivos

Uno de los aspectos más polémicos del DDL 1450/2025 es la introducción de un mecanismo que permite la extinción de la ciudadanía italiana cuando no se demuestre la existencia de un vínculo real y continuo con el país.

Históricamente, la ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis) ha sido reconocida como un derecho imprescriptible, es decir, una condición que no podía perderse por el paso del tiempo ni por falta de ejercicio.

Esta visión se apoyaba en el principio de que la sangre italiana se transmite indefinidamente, sin caducidad, asegurando que las generaciones posteriores pudieran reclamar ese derecho.

Con la nueva propuesta, este paradigma cambia drásticamente.

¿Para quienes ya tienen doble nacionalidad?

El DDL 1450/2025 establece que si un ciudadano italo-descendiente que posee también otra nacionalidad pasa 25 años sin mantener “conexiones efectivas con Italia”, su ciudadanía italiana podría ser revocada.

Entre los ejemplos de vínculos considerados válidos se incluyen:

  • Estar inscripto en el AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
  • Participar en elecciones italianas desde el extranjero.
  • Realizar trámites consulares de manera periódica.
  • Mantener una relación demostrable con las instituciones italianas.

De este modo, la inactividad o desconexión administrativa se convierte en causal de pérdida, lo que transforma la ciudadanía en un estatus condicionado y no vitalicio.

Para los nacidos después de la entrada en vigor de la ley

El proyecto es aún más estricto con las generaciones futuras:

  • Si un descendiente de italianos no inscribe su acta de nacimiento en los registros italianos antes de cumplir 25 años, la pérdida de la ciudadanía será automática.
    Esto supone que la nacionalidad ya no será reconocida de forma perpetua, sino que estará sujeta a un acto administrativo formal y dentro de un plazo perentorio.

Implicancias para la diáspora

El impacto de esta disposición sería enorme para las comunidades italianas en el exterior, especialmente en América Latina, donde:

  • Muchas familias se enteran tardíamente de su posibilidad de solicitar la ciudadanía, a veces después de varias generaciones. Con la nueva norma, quienes no formalicen a tiempo perderán esa oportunidad para siempre.
  • Millones de ítalo-descendientes que ya poseen doble ciudadanía podrían verse obligados a “demostrar periódicamente” su vínculo con Italia para no arriesgar la pérdida del reconocimiento.
  • El trámite de inscripción al AIRE y el ejercicio del voto desde el extranjero, que ya presentan dificultades logísticas en varios países, se vuelven ahora requisitos estratégicos de supervivencia de la ciudadanía.

En síntesis, el proyecto transforma el ius sanguinis en una ciudadanía condicionada a la prueba constante de vínculos reales con Italia.

Lo que antes era un derecho pleno y permanente, se convierte en una condición sujeta a cumplimiento de plazos y obligaciones administrativas.


4-Eliminación de la ciudadanía por matrimonio en el extranjero

4-Supresión de la ciudadanía por matrimonio en el extranjero

El Disegno di Legge 1450/2025 elimina de raíz esta opción para quienes residen fuera de Italia. A partir de su entrada en vigor, el matrimonio con un ciudadano italiano ya no será suficiente para solicitar la ciudadanía si la pareja vive en el extranjero.

El acceso quedará condicionado a que el cónyuge extranjero resida legalmente en Italia durante un período mínimo de dos años, antes de poder presentar la solicitud. Esto significa que:

  • Desaparece la vía directa como mecanismo de tramitación.
  • Se elimina la regla anterior que permitía hacerlo tras tres años de matrimonio en el extranjero (o dos si había hijos en común).
  • Se obliga al cónyuge extranjero a realizar un traslado efectivo y prolongado a Italia.
  • El matrimonio deja de ser reconocido como criterio autónomo de integración, pasando a depender de la residencia territorial.

Consecuencias relevantes:

  1. Reducción drástica del acceso: muchas parejas que construyeron su vida fuera de Italia, pero mantenían vínculos culturales y familiares con el país, ya no podrán recurrir a este derecho.
  2. Mayor carga económica y logística: mudarse a Italia implica obtener un permiso de residencia, encontrar vivienda, empleo o medios de subsistencia, lo que convierte el trámite en un proceso costoso y complejo.
  3. Transformación del fundamento jurídico: la ciudadanía por matrimonio deja de concebirse como un derecho derivado del núcleo familiar, para convertirse en un mecanismo de integración territorial, es decir, la demostración de una convivencia real y continua en Italia.
  4. Impacto sobre la diáspora: comunidades italianas en América, Europa y otros continentes pierden una vía para transmitir este vínculo a través de la institución matrimonial.

En la práctica, esta disposición refleja el giro conceptual del proyecto: mientras que antes el matrimonio se entendía como un lazo suficiente para legitimar la ciudadanía, ahora se privilegia la presencia física en el territorio.

La reforma transforma lo que era un derecho familiar en una herramienta de integración migratoria interna, subordinando el matrimonio a la residencia en Italia.


5. DDL 1450/2025: incremento de tarifas consulares para trámite de ciudadanía

5. Incremento de tarifas consulares para trámite de ciudadanía

Otro aspecto del proyecto es el aumento de los costos consulares para las solicitudes de ciudadanía por descendencia.

La tasa actual de 600 euros pasa a 700 euros por persona.

Aunque en términos absolutos el aumento parece relativamente reducido, su impacto real es mucho mayor cuando se trata de familias numerosas.

Cada integrante que desee obtener la ciudadanía debe pagar el arancel completo, lo que significa que un grupo familiar de cinco personas deberá abonar 3.500 euros solo en tasas administrativas, sin contar gastos de traducción, legalización, apostillas o traslado de documentos.

Este incremento debe analizarse en dos planos:

  1. Económico: eleva la barrera de acceso para sectores con menos recursos, dificultando que la ciudadanía se convierta en una herramienta de movilidad social y profesional.
  2. Político-simbólico: transmite la idea de que la ciudadanía italiana no es solo un derecho vinculado a la sangre, sino un proceso que implica costos significativos de gestión, reforzando la visión del gobierno de que debe ser tratada como una pertenencia selectiva y no automática.

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En definitiva, el Proyecto de Ley 1450/2025 confirma que los descendientes de italianos deben mantenerse atentos a un escenario jurídico cada vez más cambiante.

Lo que antes era un derecho imprescriptible ahora se ve rodeado de obstáculos que exigen previsión y estrategia.

Ese es el trasfondo que explica el análisis realizado del DDL 1450/2025, un texto que refleja cómo las reformas buscan condicionar el acceso a la ciudadanía y redefinir su sentido en el presente.

Si estás evaluando iniciar tu trámite, podemos ayudarte a solicitar la ciudadanía por la vía judicial de manera segura, guiándote en cada paso y anticipándonos a las trabas legales y administrativas que podrían complicar tu proceso.



Fuente oficial consultada:

PanAmerican Tribu LLC
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