CONGRESO CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA EN FLORENCIA

Si estás pensando en obtener la ciudadanía italiana por descendencia, presta atención a lo que dijeron los expertos en el Congreso “Ciudadanía italiana por descendencia: aspectos de legitimidad constitucional” realizado el 14 de marzo del 2025, en la ciudad de Florencia.

En este evento se hicieron presentes abogados, juristas, profesores que han debatido temas que podrían afectar directamente tu derecho a ser reconocido como ciudadano italiano.

¿Qué nuevas trabas podrías enfrentar? ¿Cómo impactará la reciente decisión judicial en los tiempos de espera? ¿Y qué hay detrás del aumento de la contribución unificada a 600 euros?

Lo que se discutió en este congreso podría marcar un antes y un después en el proceso de ciudadanía iure sanguinis.

Si no actúas con información precisa y asesoramiento adecuado, podrías encontrarte con obstáculos inesperados.

No dejes que te tomen por sorpresa. En las siguientes líneas, te revelo los detalles clave de este evento y lo que realmente debes saber para que tu trámite no quede atrapado en la burocracia.

CONGRESO EN FLORENCIA: CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA 2025

En el corazón de Florencia, el eco de debates apasionados resonó con fuerza, el tema “Ciudadanía italiana: aspectos de legitimidad constitucional” irrumpiéndo en la escena pública del país. Este asunto generó discusiones intensas y polarizadas, ya que abordó cuestiones fundamentales sobre:

Identidad nacional, derechos de los ciudadanos e interpretación de la Constitución italiana. Los debates se centraron en la legitimidad de los criterios utilizados para otorgar la ciudadanía.

Este congreso fue organizado por AGIS (Associazione Giuristi Iure Sanguinis) – (Asociación de Juristas por el Derecho de Sangre) quienes promueve su legitimidad constitucional y participa en debates para garantizar el reconocimiento de los descendientes de italianos.

Por otro lado, AUCI, combate las narrativas negativas en torno a este derecho y promueve reformas legales que faciliten el acceso a la ciudadanía para los italodescendientes en todo el mundo.

Con estos dos pilares en la defensa de los derechos de los descendientes italianos, el evento se convirtió en un debáte de ideas y preocupaciones. En la siguiente apartado, te detallo las intervenciones de los asistentes que participaron en este congreso.

EXPERTOS EN CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA EN EL CONGRESO DE FLORENCIA

Roberto Monteverde, Presidente de la Corte de Florencia

En su intervención abordó la problemática de la sobrecarga de casos relacionados con la ciudadanía italiana por ius sanguinis. Destacó que:

El Tribunal de Florencia maneja actualmente 4.187 causas, de las cuales 1.187 han sido resueltas y 2.670 permanecen pendientes.

Señaló que existe un aumento significativo en las solicitudes de ciudadanía, especialmente a partir de 2022. Este incremento se atribuye principalmente a descendientes de italianos de países como Brasil y Argentina. Según datos aportados por Monteverde son los siguientes:

Incremento de casos por año

Año	Cantidad de casos
2017	6
2018	1
2019	32
2020	13
2021	11
2022	329
2023	1.255
2024	1.962
Primeros dos meses de 2025	578

Monteverde advirtió que el número de casos de ciudadanía iure sanguinis seguirá aumentando en 2025.

Indicó que el Tribunal de Florencia tiene una sección especializada con seis jueces y seis jueces honorarios que tratan dos procedimientos semanales.

Aunque las solicitudes crecen, no se consideran prioritarias frente a casos de protección internacional.

Señaló que el reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis es automático y basado en documentos de países de origen, lo que colapsa el sistema judicial italiano actual.

También cuestionó la Ley 91/1992 por permitir un reconocimiento automático sin vínculo genuino con Italia. Los tribunales de Bolonia y Florencia propusieron reformas que limiten este derecho a dos generaciones, a menos que se demuestre residencia en Italia por al menos dos años.

Monteverde insistió en reformar el mecanismo para garantizar un vínculo real entre solicitante y Estado.

Claudia Antonini, abogada y comunicadora social

Por su parte, Antonini centró su intervención en cuestionar las críticas hacia la ciudadanía iure sanguinis y defender su legitimidad.

Argumentó que esta ley fue concebida para recuperar al pueblo italiano que sufrió una diáspora masiva debido a dificultades económicas y políticas. Destacó que:

El problema principal no es la ley en sí, sino la falta de servicios y políticas adecuadas para implementarla de manera justa.

Antonini también mencionó que la extranjería que enfrentan los descendientes de italianos, especialmente aquellos que nunca han vivido en Italia ni hablan italiano, ha sido utilizada como argumento para modificar la ley injustamente.

En lugar de cambiar la normativa, insistió en la necesidad de políticas que permitan a los descendientes italianos ser reconocidos formalmente y participar efectivamente en la nación italiana.

Concluyó reafirmando que este proceso debe garantizar el derecho a pertenecer y existir dentro de la comunidad italiana.

Mónica Restagno, abogada

Expresó su preocupación por la campaña mediática que intenta deslegitimar el derecho a la ciudadanía iure sanguinis, presentando a los descendientes de italianos como oportunistas.

Señaló que los medios italianos manipulan la opinión pública para justificar la eliminación de este derecho, atacando un principio jurídico que Italia ha aplicado por más de un siglo.

Además, indicó que los procedimientos burocráticos actuales y la interpretación errónea de las leyes están diseñados para dificultar el reconocimiento de la ciudadanía para quienes nacieron fuera de Italia.

Restagno subrayó que la campaña de odio contra los descendientes italianos es promovida por ciertos sectores políticos y medios influyentes, afectando negativamente la imagen de quienes buscan su ciudadanía por derecho legítimo.

Además, criticó las modificaciones administrativas que complican el proceso de reconocimiento y denunció la existencia de prácticas burocráticas injustas y arbitrarias que afectan principalmente a los descendientes de italianos nacidos en el extranjero.

Finalmente, hizo un llamado a la Corte de Casación y a la Corte Constitucional para que garanticen la protección de los derechos de los descendientes italianos, confiando en su sentido de justicia.

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OTRAS INTERVENCIONES EN EL CONGRESO CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA EN FLORENCIA

Marco Mellone, abogado

Explicó que representará a un grupo de ciudadanos italo descendientes en un juicio ante la Corte Constitucional, programado para el 24 de junio del 2025.

Este caso se suma a otros presentados por los tribunales de Bolonia, Florencia y Milán, que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Ciudadanía Italiana.

Las motivaciones de estos juicios son similares y buscan aclarar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis, especialmente en relación con la aplicación del certificado de “Cosa Juzgada” para la ejecución de decisiones judiciales.

Mellone también mencionó una reciente sentencia de la Corte de Casación que establece que no es obligatorio presentar el certificado de para obtener la ciudadanía iure sanguinis.

No obstante, resaltó que esta decisión es frecuentemente ignorada o malinterpretada por la administración pública.

Mellone concluyó su intervención resaltando la importancia de recordar que detrás de estos procedimientos jurídicos existen personas reales con vidas afectadas por la burocracia y las inconsistencias legales.

Invitó a confiar en la seriedad y justicia de la Corte Constitucional en el próximo juicio.

Nicola Brutti profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Padua

Presentó un análisis histórico y legal sobre la ciudadanía iure sanguinis en Italia, resaltando su origen en ideologías nacionalistas del siglo XIX.

Brutti explicó cómo factores sociodemográficos, colonialismo y necesidades laborales influyeron en las políticas de ciudadanía en Europa.

A diferencia de otros países como Francia y Alemania, Italia ha mantenido un sistema menos restrictivo, aunque la Ley 91/92 introdujo la doble ciudadanía, reconociendo derechos basados en descendencia tanto paterna como materna.

Asimismo, se mencionó que las solicitudes de ciudadanía han aumentado considerablemente, superando los tiempos legales estipulados para su procesamiento y generando conflictos legales, especialmente en países como Brasil.

Brutti también abordó la evolución del concepto de ciudadanía y cómo los principios de igualdad han permitido su aplicación a través de la línea materna.

Sin embargo, cuestionó la falta de mecanismos para evaluar genuinamente el vínculo del solicitante con Italia, lo cual se ha convertido en un desafío constitucional.

Además, mencionó que la Corte Suprema ha enfatizado que la descendencia directa es el único criterio válido según la legislación vigente, aunque advirtió que futuras reformas legislativas deben reflejar adecuadamente las prioridades estatales y cambios sociales recientes.

Concluyó que cualquier modificación al sistema de ciudadanía iure sanguinis debe considerar cuidadosamente las implicaciones constitucionales y prácticas.

Gianluca Scarchillo, profesor en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad La Sapienza de Roma

Su intervención se centró en el análisis del derecho de ciudadanía iure sanguinis en relación con el derecho internacional y la soberanía estatal.

Se mencionó el caso Nottebohm de 1955, que destaca que las normas de ciudadanía no siempre son reconocidas a nivel internacional si carecen de un vínculo genuino con el país.

El Tribunal de Bolonia sugirió que los criterios de ciudadanía basados únicamente en la descendencia sin un vínculo efectivo pueden ser contrarios al derecho internacional.

Sin embargo, se reafirmó que los estados conservan la soberanía para definir sus propias leyes de ciudadanía, aunque deben considerar sus obligaciones internacionales.

Según el caso Micheletti de 1992, la Unión Europea no puede interferir con las decisiones de ciudadanía de los estados miembros, aunque debe respetar los derechos que emanan de la ciudadanía europea.

La intervención también criticó la retórica alarmista sobre una supuesta invasión de descendientes italianos y destacó que varios países europeos combinan principios de ius sanguinis e ius soli.

Finalmente, se cuestionó la idea de que el idioma o la residencia deben ser criterios determinantes para la ciudadanía, resaltando que Italia tiene leyes más restrictivas que otros países europeos con respecto a la ciudadanía por descendencia.

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EXPERTOS EN CIUDADANÍA ITALIANA POR DESCENDENCIA EN EL CONGRESO DE FLORENCIA

Maristella Urbini, abogada 

Explica que la diáspora italiana, ignorada en la educación formal y la historia oficial, es una herencia valiosa compuesta por unos 80 millones de personas de origen italiano repartidas por el mundo.

Este fenómeno surgió debido a la crisis económica de finales del siglo XIX, que obligó a cerca de 30 millones de italianos a emigrar para sobrevivir.

Aunque inicialmente fue un proceso doloroso y silencioso, hoy la diáspora italiana tiene un impacto positivo significativo, promoviendo la identidad italiana y generando un valor económico estimado en más de 2,5 trillones de euros.

Sin embargo, a pesar de su importancia, el gobierno italiano y los medios de comunicación siguen menospreciando este fenómeno, imponiendo barreras legales y económicas que dificultan el acceso a la ciudadanía para sus descendientes.

Urbini denuncia que las políticas recientes buscan limitar el derecho a la ciudadanía italiana únicamente a descendientes directos hasta el tercer grado y, además, imponer un pago de 600 euros por solicitante, incluyendo menores.

También critica la campaña mediática que retrata a los descendientes italianos como oportunistas que solo buscan un pasaporte, ignorando su derecho legítimo a la ciudadanía por derecho de sangre (Jure Sanguinis).

Ante esta situación, se crea la asociación Nato-Italianos en diciembre de 2024 con el objetivo de proteger los derechos de estos descendientes y combatir la desinformación promovida por los medios.

Urbini subraya que pagar por servicios relacionados con la ciudadanía no es una mercantilización del derecho, sino un proceso legítimo de reconocimiento y trabajo profesional.

Giovanni Bonato, profesor asociado de Derecho Procesal y Comparado,

En consonancia, con Urbini sostiene que este cobro de 600 euros, es “inconstitucional”.

Argumenta que viola principios fundamentales como la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso, al imponer un cálculo injusto que se aplica por solicitante y no por procedimiento.

Asimismo, considera inaceptable que el mismo costo se aplique tanto al proceso consular como al judicial, y espera que esta norma sea declarada inconstitucional pronto.

Por otro lado, tanto Salvatore Laganà, expresidente del Tribunal de Venecia, como Irene Pisano, presidenta de la Sección del Tribunal Administrativo Regional Lazio – Latina, denuncian la injusticia de esta medida.

Laganà subraya que el aumento de la contribución unificada afecta negativamente a la asistencia legal gratuita, especialmente cuando el Ministerio pierde un caso.

Por su parte, Pisano considera que este costo es desproporcionado tiene un propósito claramente disuasorio, siendo incluso el doble de costoso que un recurso contra la denegación de ciudadanía.

Sus críticas coinciden con la denuncia de Urbini sobre cómo las políticas y medidas económicas actuales buscan desalentar a los descendientes italianos en su legítimo derecho al reconocimiento de la ciudadanía.

Giovanni Calasso, juez

Criticó el uso del procedimiento simplificado de cognición para los casos de ciudadanía, considerándolo lento y costoso. En vez de ser un proceso más ágil y de menor duración.

Por ello, propuso un tipo de procedimiento voluntario más rápido, con un decreto en 15 días y transcripción en un mes, reservando la sentencia ordinaria solo para casos de oposición del Ministerio.

Además, señaló la disparidad en el acceso a la asistencia letrada entre descendientes italianos y extranjeros. Mientras que los descendientes italianos deben pagar abogados, los extranjeros reciben asistencia letrada financiada por el Estado.

Francesco Paolo Sisto, viceministro de Justicia

Reconoció la complejidad del tema y abogó por un enfoque que considere los cambios sociales.

Ilustró el proyecto de ley “Ius Italiae”, presentado por Forza Italia, que propone limitar la transmisión de la ciudadanía “iure sanguinis” a ciertas generaciones y permitir la adquisición de la ciudadanía por parte de menores extranjeros después de un período de estudio.

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REFLEXIONES FINALES DEL CONGRESO CIUDADANÍA ITALIANA EN FLORENCIA 2025

Sin duda, que las nuevas medidas que imponen nuevas reglas para solicitar la ciudadanía italiana y buscan limitar el derecho a la ciudadanía son una clara amenaza para quienes desean recuperar su herencia italiana.

Estas políticas injustas y disuasorias están diseñadas para dificultar el proceso y desmotivar a los solicitantes legítimos.

No dejes que estas restricciones te impidan obtener lo que por derecho te corresponde.

Nuestro equipo de expertos en ciudadanía italiana puede ayudarte a analizar tu caso, confirmar la elegibilidad de tu antepasado y orientarte en cada paso del proceso.

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